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Las Garantías Financieras en el Reglamento de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros

(Ley de 1994 derogada).

I.-         Introducción

El Reglamento de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (RLESR), en la Sección VI del Capítulo V (Del funcionamiento de las empresas), regula el tema de las garantías financieras, básicamente, muy a pesar del título: “De las Fianzas en general y de las garantías financieras”.  Realizo la anterior apreciación, porque el otro tema regulado en este Reglamento es que ciertas modificaciones a los modelos en fianzas, aprobados previamente por la Superintendencia de Seguros, no requerirán de la aprobación ni consulta al órganos fiscalizador, siempre que se hagan mediante anexos. Nada más regula este Reglamento en materia de fianzas.

Con vista a lo anterior, en esta pequeña disertación, hablaremos de manera especial de las garantías financieras, aprovechando su inclusión en el RLESR.

II.-        Breve reseña histórica

El tema de las garantías financieras, fue incluido por vez primera en la Ley de 1965 (G.O. N° 970, extraordinario del 25 de julio de 1965), en el Capítulo VIII (De las Empresas que Operan en Garantías Financieras), artículos 85 al 93, ambos inclusive.

El Artículo 85, que luego pasó a ser el 105 en la Ley de 1975 y después al 113 de la Ley de 1994 (derogada), definía, en iguales términos a los actuales, lo que debía entenderse por garantías financieras. En la Ley de 2010 se recoge la definición de Garantías Financieras contenida en el citado Reglamento.

Por otra parte el Artículo 93, que luego pasó a ser el 114 (con una acertada reforma) y luego al 116 (Ley de 1994 derogada), establecía la responsabilidad solidaria de los administradores por las fianzas y avales –aquí el legislador si establecía marcadas diferencias, a nuestro juicio, entre las garantías financieras que quería regular (avales) y las fianzas- otorgados en contravención a la Ley.

Este articulado de la Ley de 1965, pasó a la Ley de 1975 con algunos retoques, para desaparecer finalmente en la vigente Ley quedando solamente el artículo que define lo que debe entenderse por garantías financieras.

Debemos acotar que en la Ley de 1975, aparecen por vez primera los artículos referidos a las fianzas: 114, 115 y 116, que eran los artículos 113, 114 y 115, en la derogada Ley.

III.-       Marco legal y comentarios

1.- En el Capítulo VIII de la vigente Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros –“De las fianzas en general y de las garantías financieras en particular”-  en los Artículos 113 al 116, ambos inclusive, aparecían reguladas las fianzas otorgadas por las compañías de seguros, hoy día todos derogados.

El Art. 113 prohibía de forma rotunda el otorgamiento de garantías financieras por parte de las aseguradoras y al mismo tiempo las definía “... A los fines de esta Ley, se entiende por operaciones de garantías financieras, aquellas por las cuales una empresa de seguros afianza o avala el cumplimiento de obligaciones de pagar cantidades de dinero a plazo fijo”.

Cabe resaltar que antes de la reforma de la Ley de 1994, se permitía que las empresas de seguros otorgasen garantías financieras siempre y cuando obtuvieran autorización expresa para ello y cumplieran una serie de exigencias adicionales, entre las cuales teníamos que: el capital social (bolívares 12 millones) era mayor que el exigido para operar simultáneamente en ramos  generales y de vida y mayor que el capital de las reaseguradoras; las compañías de seguros que solicitasen autorización para operar en garantías financieras no podían trabajar en seguros de vida. Quizás estas exigencias, entre múltiples razones, fueron las que mantuvieron el mercado cerrado en este negocio, tanto que mientras tuvo en vigencia la mencionada normativa ningún asegurador solicitó autorización para operar en garantías financieras. Lo anterior influyó para que el Legislador de 1994, eliminase la posibilidad de que las aseguradoras trabajasen en este negocio.

Respecto a la expresión ‘garantías financieras’, ha habido y aún persisten diferentes puntos de vista sobre lo que constituye una garantía financiera, por ello el Comité Ejecutivo de la Asociación Panamericana de Fianzas (APF), ha aprobado la siguiente definición:

            “Se entiende que la expresión Garantía Financiera comprende toda fianza, garantía, indemnización o seguro que cubra obligaciones financieras vinculadas con todo tipo de préstamo, préstamos personal y arriendo con opción de compra, dado por una institución bancaria o crediticia, una institución financiera o financista, u otorgado o formalizado a favor de una persona natural o jurídica con respecto al pago o devolución de dinero tomado en préstamo o de un acuerdo  o arreglo contractual, y cuyo principal objetivo sea reunir financiamiento o garantizar sumas adeudadas en relación con dinero tomado en préstamo”.

En el Artículo 113 del RLESR se establecen una serie de requisitos para que se dé una operación de garantía financiera a la luz de la ley, a saber: (i) La obligación principal afianzada o avalada debe constituir únicamente, el pago de una suma de dinero; (ii) El plazo de dicha obligación principal debe ser fijo y no estar sometido a condición; (iii) La operación en general y la fianza o el aval prestado por el asegurador deben servir para garantizar el pago de dicho dinero al vencimiento del plazo fijo estipulado, al concedente del crédito o a quien se obliga a conseguirlo para el deudor garantizado; (iv) La fianza o el aval deben ser otorgados con fines CREDITICIOS, es decir, económicos y por tales deben entenderse el propósito del avalado o afianzado de obtener dinero en préstamo con garantía.

Finalmente el Artículo 114 del RLESR, prevé que los anexos a las fianzas en los cuales se modifiquen el nombre del afianzado, se aumenten o rebajen las sumas afianzadas, se prorrogue la vigencia, entre otros aspectos, no requerirán de la aprobación previa de la Superintendencia de Seguros.

De alguna forma este artículo desarrolla el Literal a) del Artículo 115 de la Ley, decimos de alguna forma, dada la rigidez de la redacción de la norma: “...no podrán introducir modificaciones de ninguna índole en dichos modelos...”.

 
IV.-      Conclusión

No cabe duda de que era necesario, un nuevo Reglamento General de la LESR, dado que el anterior era del 06 de marzo de 1969 (Decreto 1.337, G.O. N° 1285, Extraordinario del 10 de abril de 1969), el cual desarrollaba la Ley de 1965.

Dicho instrumento nada decía de las garantías financieras y mucho menos de las fianzas, muy a pesar que en la Ley de 1965, se había previsto una serie de exigencias para que una aseguradora pudiera operar en garantías financieras y habían también algunas previsiones que hablaban de fianzas –aunque tal vez se referían a las fianzas financieras- como aquella que decía: “A una persona no podrán otorgársele fianzas o avales por una cantidad superior al quince por ciento (15%) del capital pagado de la empresa de seguros que efectúe la operación...”.

La intención del legislador para el año 1965, era bastante clara, se quería impedir que las empresas de seguros fueran imprudentes en el manejo de las garantías financieras. Por la redacción de las normas, y muy a pesar de la definición del citado Artículo 85, entendemos que el mercado comprendía que existían, además de los avales, fianzas que amparan obligaciones de pago sin llegar estas últimas a estar representadas en títulos cambiarios, en cuyo caso sería avales, y respecto a éstos el legislador se pronunciaba expresamente, de modo que de las mencionadas normas se deducía la intención del legislador de impedir que el mercado manejase los avales o las fianzas que amparaban obligaciones de pago de dinero a plazo fijo, de la misma forma en que se suscribían y administraban las fianzas comerciales.

Cuando se reforma la Ley en 1975, se hacen algunos ajustes al articulado de las garantías financieras y se introducen tres nuevos artículos respecto a las fianzas, en ese momento se incrementa la necesidad de incluir en Reglamento de la Ley, el tema de las garantías financieras y de las fianzas.

Los siguientes artículos debieron haberse desarrollado en dicho Reglamento: (i) Art. 105 (después 113, de la definición), era necesario ampliar y precisar la definición; (ii) Art. 112 (después 114, las fianzas que las aseguradoras pueden otorgar), parte de la doctrina ha sostenido que esta norma es de carácter taxativo y que las compañías de seguros no pueden otorgar fianzas distintas a las allí mencionadas y que sería el Reglamento quien ampliaría en todo caso  nuevos tipos de fianzas; (iii) Art. 113 después 115, de los requisitos de forma y fondo que deben cumplir las fianzas), definitivamente el Reglamento debería establecer entre otras cosas: la forma de presentación de los modelos que sean sometidos a la aprobación de la Superintendencia, de igual forma aclarar la aprobación exclusiva de las fianzas por la Junta Directiva; Art. 114 (después 116, de la responsabilidad solidaria de los administradores por las fianzas otorgadas en contravención a la Ley), debe establecerse la forma en que se haría efectiva dicha responsabilidad y los parámetros respectivos.

Si comparamos los requisitos que se establecen el RLESR para que se dé una operación de garantía financiera, con la definición propuesta por la Asociación Panamericana de Fianzas, nos damos cuenta que éstos se ajustan de forma extraordinaria a dicha definición.

De modo que a la luz del Reglamento, no serían garantías financieras otras fianzas en cuya obligación principal, motivo de las mismas, exista algún pago de dinero, salvo que sea su objeto único, sin llegar a constituir financiamientos o créditos de dinero a favor del afianzado.

No obstante, el mercado de seguros se ha eximido de otorgar fianzas para amparar contratos con cláusulas que contengan obligaciones de pagar cantidades de dinero por parte del afianzado a favor del acreedor: contratos de arrendamientos, concesiones de locales, entre otras. De igual manera el mercado se ha mantenido al margen de amparar las obligaciones de las agencias de: loterías, de viajes y de publicidad, que aunque no están soportadas en títulos de créditos, son obligaciones de pagos a favor de los acreedores por los créditos que reciben (como sabemos no reciben dinero en efectivo, pero son ventas a plazo de boletos o espacios publicitarios).

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